En lo que va del año, 16 servidores públicos municipales y estatales fueron inhabilitados por incumplimiento u omisiones de funciones, de acuerdo con la plataforma de la Contraloría de Hidalgo.
El listado de sancionados contempla 223 personas; de este total, el 7.1 % tiene resoluciones que datan de años atrás, pero que apenas comenzaron a surtir efectos.
Más de la mitad de los servidores recibió una resolución negativa por incumplimiento de la declaración patrimonial; en total, nueve por un periodo de tres a seis meses.
De estas personas, dos colaboran en la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible del Estado (SIPDUS); tres en la Auditoría Superior estatal, dos en el municipio de Pachuca y dos más en Zacualtipán.
Otra de las conductas halladas fue la omisión de realizar su entrega-recepción en tiempo; en este supuesto se ubican dos exfuncionarios del municipio de Atotonilco de Tula.
Mientras que un funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) fue inhabilitado por tres meses por una negligencia administrativa, de la cual la plataforma no ofrece detalles; sin embargo, la sanción concluye el 28 de abril de este año.
Las cuatro restantes son sanciones que emitió la autoridad Substanciadora y Resolutora de Faltas Administrativas de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría en contra de un exfuncionario de la Secretaría de Salud y tres de la Secretaría de Finanzas.
Todos por incumplimiento de funciones, entre ellos se encuentra Delia Jessica Blancas Hidalgo, exsecretaria del sexenio pasado, señalada presuntamente por firmar documentación con el banco Accendo, institución financiera que se declaró en quiebra.