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De los 84 mil 478 servidores públicos laboran en el Poder Ejecutivo y que están obligados a emitir su declaración patrimonial anual durante este mayo, el 57.49 por ciento ya cumplió, por lo que están pendientes cerca de 35 mil 906 funcionarios, quienes cuentan con dos semanas para atender al llamado.
Entre los que están obligados a cumplir con esta medida en materia de transparencia se encuentran, trabajadores de educación, de salud, quienes laboran en dependencias del gobierno estatal, así como de los organismos autónomos, empleados del Poder Judicial y del Legislativo. Además de los colaboradores de los 84 ayuntamientos.
En este universo se encuentran más de 120 empleados gubernamentales, pero 84 mil 478 dependen del Poder Ejecutivo y son quienes presentan su declaración patrimonial y de intereses ante la plataforma de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Hidalgo, pues el resto está integrado a otros espacios para presentar su documentación digitalizada.
Álvaro Bardales Ramírez, contralor en la entidad, indicó que hasta el corte del 15 de mayo, un total de 48 mil 572 servidores públicos que laboran en las 20 secretarías y organismos descentralizados ya habían presentado su declaración de modificación.
Comparado con el año anterior el avance es similar, pues falta un 42.5 por ciento. “Este mes es donde está la carga para cumplir con la declaración patrimonial, y seguimos haciendo la labor para facilitarles a los servidores públicos el presentarla”, dijo y acotó que se les apoya incluso en obtener su firma electrónica avanzada.
“Queremos tener el mismo cumplimiento que logramos el año pasado del 99.6 por ciento, tenemos esa aspiración. En 2023 aproximadamente cerca de 600 servidores públicos no cumplieron en tiempo”, dijo y explicó que son tres los principales factores detectados.
“El principal motivo es porque los trabajadores se encuentran en lugares remotos. Es el caso de los maestros que están adscritos en escuelas rurales y no cuentan con transporte para llegar a espacios con internet, o bien se les dificulta acceder a una computadora y otro mecanismo para la firma electrónica”, consideró.
Un segundo factor es por enfermedad, pues de un universo de cerca de 85 mil, algunos están de incapacidad y no recuerdan esta obligación; además de que otros no la presentan por estar en un proceso de carácter legal que les impide el trámite.
Desde 2020 los trabajadores estatales de todos los niveles están obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses luego de las modificaciones a la legislación nacional en materia de transparencia, pues anteriormente sólo se consideraban los directivos de medio y alto nivel.
Trabajadores que se integran al IMSS Bienestar realizarán una doble declaración
De acuerdo con el contralor Álvaro Bardales, para los trabajadores de la Secretaría de Salud estatal, que serán transferidos al esquema del IMSS Bienestar, ellos tendrán que tomar en cuenta que este mayo responderán a la plataforma de la Secretaría de la Contraloría. Sin embargo, cuando realicen el cambio tendrán que realizar una declaración final, y otra de inicio en la plataforma de Declaranet que es federal, pues ya serán trabajadores federalizados.
Este trámite se tiene que realizar, pues se trata de dependencias que fiscalizan la evolución patrimonial y de los posibles conflictos de interés dentro de las dependencias estatales, federales e incluso municipales.
Actualmente la Secretaría de la Contraloría cuenta con al menos 17 mecanismos para detectar la evolución patrimonial. Los programas son especializados y se integran a los mecanismos ya establecidos incluso por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
