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Tras seis años de la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan que dejó 138 personas fallecidas, Pemex ha sido omiso en abordar el problema de extracción ilegal de hidrocarburos ya que sólo se limita a clausurar las tomas clandestinas, concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Además, el organismo nacional indicó que ningún orden de gobierno se ha acercado a la comunidad y las familias para consultarlas o presentarles acciones para la recuperación del suelo, incumpliendo la obligación del Estado de prevenir y mitigar la degradación ambiental.
En su reciente informe especial, la CNDH reveló que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha omitido adoptar las medidas necesarias, razonables y efectivas para abordar el llamado huachicol lo cual evidencia “una indiscutible falta de debida diligencia”.
“Los ductos se encuentran en mal estado de mantenimiento, y la tecnología de detección es obsoleta e incompleta. Bajo esta lógica, existe un estado irregular en las actividades de transporte y almacenamiento, así como un incumplimiento de sus deberes”, cita el informe.
Llamó a Pemex tener disposición real y efectiva para hacer justiciable el derecho humano a la protección del medio ambiente y sus recursos naturales, además de emitir protocolos de actuación y difusión para advertir a la población sobre el riesgo y letalidad del manejo inadecuado del hidrocarburo.
También recomendó buscar los mecanismos para garantizar que las 13 personas lesionadas sobrevivientes del hecho ocurrido el 18 de enero de 2019, con previa valoración por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) accedan a la atención médica, psicológica y de rehabilitación que requieran.
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