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En el contexto de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un ataque al país sudamericano la madrugada de este sábado, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) respaldó la posición del Gobierno de México y rechazó “cualquier acción militar unilateral que vulnere el derecho internacional, la integridad territorial de los Estados y los principios fundamentales que rigen la convivencia pacífica entre las naciones”.
El partido guinda consideró que el uso de la fuerza en las relaciones internacionales constituye una transgresión al orden jurídico internacional, y que la autodeterminación de los pueblos y la no intervención son condiciones indispensables para la paz y la cooperación internacional.
En ese contexto, reiteró que el diálogo, la negociación y los mecanismos multilaterales son las vías legítimas para la resolución de controversias entre naciones, tras señalar que cualquier acción que se aparte de estos principios pone en riesgo la estabilidad, debilita el sistema internacional y afecta la convivencia entre los pueblos.
Mientras tanto, los legisladores de la Cámara de Diputados que integran los grupos parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) manifestaron su respaldo político al gobierno federal.
Asimismo, señalaron que una política internacional guiada por el diálogo, la coordinación y la cooperación entre Estados “contribuye de manera directa a la estabilidad regional y fortalece las condiciones internas de paz y gobernabilidad”.
Otros institutos políticos, como el Partido Acción Nacional (PAN), se pronunciaron “por una transición pacífica a la democracia, en la que se garantice al pueblo venezolano la posibilidad de elegir su futuro político con plena libertad, sin injerencias ni persecución”; mientras que, en su escrito, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que “la detención de Nicolás Maduro representa un quiebre histórico para América Latina”.
Por su parte, Movimiento Ciudadano resaltó el respeto al derecho internacional y a los principios de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos, así como el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, lo cual, consideraron, debe ser “un proceso conducido exclusivamente por los venezolanos”.
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