Diputados federales y senadores de Morena por Hidalgo presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la senadora priista Carolina Viggiano Austria, por presuntos hechos de enriquecimiento ilícito, simulación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con un inmueble ubicado en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
En rueda de prensa, Ricardo Crespo Arroyo informó sobre la presentación de la denuncia y explicó que también acudieron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para solicitar que se investiguen posibles irregularidades fiscales vinculadas con la propiedad y las empresas señaladas en una investigación periodística publicada por El Universal.
En la conferencia estuvieron presentes los siete diputados federales de Morena por Hidalgo, así como los senadores Simey Olvera y Cuauhtémoc Ochoa. También participó Marco Rico Mercado, dirigente estatal de Morena.
De acuerdo con lo expuesto por los legisladores, el inmueble se localiza en Sierra Nevada 319 y tendría un valor aproximado de 1.3 millones de dólares, equivalentes a alrededor de 23 millones de pesos al tipo de cambio de este lunes 12 de octubre.
Los morenistas señalaron que la denuncia busca que las autoridades investiguen la posible participación de empresas como Borsa Inmuebles y Corporativo Awiki, presuntamente utilizadas para ocultar la titularidad de la propiedad o el origen de los recursos empleados para adquirirla y mantenerla.
Crespo Arroyo explicó que, además de la denuncia ante la FGR, presentaron una queja ante el SAT para que se revisen las operaciones fiscales relacionadas con las empresas señaladas, algunas de las cuales fueron identificadas durante la investigación periodística como posibles empresas factureras o fantasma.
Los legisladores precisaron que la denuncia está dirigida contra Carolina Viggiano y quienes resulten responsables, incluidas las personas morales mencionadas en el documento.
Aclararon que su esposo, Rubén Moreira Valdez, y sus hijos no fueron denunciados, aunque consideraron que los vínculos relacionados con el inmueble deberán ser revisados por las autoridades.
Durante el encuentro con medios de comunicación, los representantes de Morena reconocieron que la acción legal parte de los señalamientos periodísticos y de la presunción de posibles delitos, por lo que corresponderá a la Fiscalía determinar si existen elementos suficientes para continuar con las investigaciones y establecer responsabilidades.
“Lo que queremos es que investigue la Fiscalía y que esclarezca si hay la comisión o no”, señalaron.
Los morenistas rechazaron que la acción tenga como propósito generar una confrontación electoral o política contra la senadora priista. Sostuvieron que, como representantes populares, tienen la obligación de acudir ante las instancias correspondientes cuando consideran que existen indicios de posibles actos de corrupción.
Asimismo, indicaron que las autoridades deberán esclarecer tanto el origen de los recursos utilizados para la adquisición del inmueble como las posibles irregularidades fiscales relacionadas con las empresas señaladas.
También argumentaron que la decisión de acudir ante la FGR responde a una serie de hechos que, desde su perspectiva, deben revisarse en conjunto.
Mencionaron otros antecedentes relacionados con operaciones inmobiliarias atribuidas a Viggiano, entre ellos la compra de un predio por dos millones de pesos que, según señalaron, posteriormente fue vendido en 18 millones de pesos en Zempoala. “Hay una secuela de hechos. Ya se tiene que investigar”, dijeron.
Los legisladores sostuvieron que no basta con que los señalamientos permanezcan en el debate público, sino que deben presentarse ante las instancias correspondientes para que se determine si existen irregularidades.
En ese sentido, defendieron que la denuncia busca que las autoridades revisen las operaciones y establezcan si hay responsabilidades derivadas del manejo de los recursos.
Por su parte, Marco Rico Mercado, dirigente estatal de Morena, defendió la decisión de formalizar los señalamientos y sostuvo que los representantes populares deben respaldar sus acusaciones con acciones legales e insistió en que, cuando se hacen señalamientos sobre posibles actos de corrupción, es necesario acudir ante las autoridades y no limitarse a las declaraciones públicas.
Cuestionados sobre si contaban con pruebas adicionales a la investigación periodística publicada por El Universal, los legisladores reconocieron que la denuncia se sustenta en la presunción de posibles delitos y que será la Fiscalía la encargada de investigar. “Hay presunción”, respondieron.
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