Movimiento Ciudadano (MC) votará en contra del Plan B de la reforma electoral, al advertir que la inclusión de la revocación de mandato en 2027 desvirtúa su carácter ciudadano y que la presencia de la titular del Poder Ejecutivo federal fortalecería a un partido (Morena) que se ha debilitado.

Así lo expresó Pablo Gómez López, presidente del Consejo Político del partido en la entidad, al considerar que incluir en la boleta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “y que tenga los instrumentos o la posibilidad de hacer campaña es algo que contraviene el espíritu de esta revocación”.

“La revocación de mandato es un ejercicio de empoderamiento ciudadano para deshacerse de los malos gobiernos y no un plebiscito del gobierno en turno”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la propuesta responde a intereses políticos. “Lo que vemos es que hay una debilidad por parte del partido en el gobierno”, expresó.

Gómez López también advirtió que la posible reducción de regidores en los ayuntamientos podría afectar la representación de las minorías y restar peso a la oposición en los cabildos.

“Los regidores de las oposiciones pasarían a ser meros observadores o parecerían innecesarios para los cabildos”, señaló.

Subrayó que, en caso de avanzar la reforma, debe garantizarse la representación proporcional para no afectar el equilibrio político. “Lo importante aquí es que se mantenga la representación proporcional, no es solo reducir el número, sino que se mantenga esa representación”, dijo.

Asimismo, alertó que una disminución en el número de integrantes de los cabildos podría limitar la inclusión de sectores mediante acciones afirmativas. “Ya no cabrían las acciones afirmativas en gobiernos de siete regidores”, indicó.

Pablo Gómez agregó que la iniciativa presenta inconsistencias y no resuelve los problemas de fondo del sistema electoral. “Esta propuesta de Plan B de reforma electoral genera más dudas e inconformidades que certezas”, afirmó.

Además, señaló que varios de los cambios planteados podrían realizarse mediante leyes secundarias, sin necesidad de una reforma constitucional, y que en Hidalgo algunos parámetros ya se encuentran por debajo de lo propuesto a nivel nacional.

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