Tres de las cinco iniciativas con proyecto de reforma que envió el gobernador Julio Menchaca al Congreso de Hidalgo regulan: el manejo de los recursos al momento de adquirir o arrendar bienes; la desincorporación de las entidades paraestatales, así como la organización de la administración pública centralizada y paraestatal.

Los oficios fueron presentados el pasado 9 de diciembre en sesión ordinaria y turnados a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su revisión.

El paquete de reformas incluye la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de Hidalgo, publicada el 14 de septiembre de 2015, cuya reforma más actual data del 22 de agosto de este año.

Dicha normativa contempla 101 artículos que reglamentan las compras o rentas de bienes muebles, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza que realice la administración estatal y las alcaldías, con excepción de los convenios o contratos que celebren entre sí las dependencias, ayuntamientos u organismos autónomos.

Otra de las modificaciones propuestas es a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo que entró en vigor el 29 de julio de 2013 y que consta de 64 numerales que regulan la constitución, organización, funcionamiento, coordinación, control y desincorporación de las paraestatales.

Esta normativa junto con la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo es la que establecen los parámetros para la conformación de las entidades paraestatales que incluyen tres tipos: organismos descentralizados; empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos en los que el fideicomitente sea el Estado.

Aunado a estas, otra que buscan reformar es la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo divulgada en el decreto número 503 el 31 de marzo de 2023, presentada en su momento por Menchaca Salazar para “establecer un marco normativo eficiente para el adecuado desarrollo de las acciones del actual Gobierno”.

Así como organizar y reorganizar la estructura gubernamental “para cumplir con los objetivos, metas y acciones del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”. Esta ley actualmente contempla 54 artículos.

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