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Marelvy y Gabriela comparten el mismo calvario: el dolor de que sus exparejas les arrebataron a sus hijas y la angustia de no saber nada de ellas. Ambas son víctimas de violencia vicaria, una forma de agresión que se ejerce contra los hijos para dañar a la mamá.
La preocupación no terminó con la sustracción, ya que los padres de las niñas utilizaron el sistema judicial a su favor: primero, denunciaron a las madres por supuesta violencia para obtener la guarda y custodia; después, les exigieron una pensión alimenticia.
Actualmente Gabriela enfrenta la amenaza de prisión porque no cubrió el pago, lo que le generó una deuda acumulada de 180 mil pesos, esto derivó en un proceso judicial por incumplimiento de obligaciones que enfrenta en libertad, pero una sentencia condenatoria la podría llevar a la cárcel.
Marelvy, por su parte, consiguió pagar la pensión, pero le impiden ver a su hija. Además, denuncia que la menor corre peligro bajo el cuidado del padre, quien tiene señalamientos por violencia familiar y sexual, pero consideró que el sistema judicial parece ignorar dicha alerta.
SOBREVIVE A INTENTO DE FEMINICIDIO Y PIERDE LA CUSTODIA DE SU HIJA
Desde 2018, Marelvy Irene Trejo Hernández padeció violencia y dos años más tarde sobrevivió a un intento de feminicidio luego de que su expareja la intentó ahorcar con un cinturón la noche del 14 de agosto de 2020.
Para octubre del mismo año, el agresor se llevó a la hija que ambos procrearon y así comenzó el proceso de guarda y custodia, la cual obtuvo Marelvy dentro del expediente 511/2021 radicado en el Juzgado Segundo Civil y Familiar de Ixmiquilpan, Hidalgo, de donde es originaria.
“Desde entonces estuve reportando los abusos que me hacía esta persona porque cada que él iba a recoger a mi hija me agredía en mi domicilio o donde me encontrara, no solamente a mí, sino a otras dos menores que son mis hijas”.
El 5 de abril de 2023 la situación cambió porque el agresor la acusó por violencia familiar con declaraciones falsas que presuntamente señaló su hija, que en ese entonces tenía tres años.
Debido a esa denuncia el agresor promovió un cambio de guarda y custodia, a pesar de que la carpeta de investigación número 07-2023-00428 finalizó este año luego de que Marelvy expuso su caso durante una de las Jornadas por la Paz que organiza la Secretaría de Gobierno.
Con el cierre de la carpeta, la niña regresaría al resguardo de Marelvy porque ya no había delito que perseguir, pero no ocurrió así porque el 12 de agosto la jueza María del Rocío Barrera Canales adscrita al Juzgado Primero Civil y Familiar de Ixmiquilpan le entregó la custodia temporal al padre.
Desde ese momento y como parte del expediente 336/2023, notificaron al trabajo de Marelvy la resolución de la juzgadora y así inició el pago de pensión que equivale al 16% mensual de su sueldo. “Aun así él ha impedido que conviva con mi hija”, dijo.
La madre cumple con dar el dinero para evitar un proceso penal por incumplimiento de obligaciones alimentarias, lo cual ocurre cuando sin causa justificada, una persona deja de proporcionar alimentos a sus hijos, cónyuge, concubino o cualquier otro familiar con quien tenga el deber de asistencia.
Teme que el impago la lleve a prisión porque además de la hija que le sustrajeron, tiene dos más, también está al cuidado emocional y económico de dos adultos mayores que son sus padres.
“El señor tiene recursos, no le hace falta el dinero, lo hace por molestar. Cuando busco a mi hija para darle juguetes o se los llevó a las convivencias, me dice que no los quiere (este peluche) se lo llevé hace un par de semanas, pero mi hija me dijo que no lo quería, ya hay un daño psicoemocional hacia ella”.
El concepto de alimentos comprende comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad, así como los gastos necesarios para la educación de hijos menores de 18 años.
GABRIELA LUCHA POR NO IR A PRISIÓN POR FALTA DE DINERO PARA PAGAR PENSIÓN
La historia de Gabriela Hernández Esparza es similar a la de Marelvy, la diferencia es que ella lucha por no perder su libertad, ya que enfrenta un proceso por no pagar pensión, cuyo adeudo asciende a 180 mil pesos, dinero que no logró pagar por no tener un trabajo estable.
En Hidalgo, el 82% de los municipios tienen casos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, revelan las carpetas de investigación iniciadas de enero a octubre de 2025 por la Procuraduría estatal.
Si bien, las numerarias no segregan cuántas indagatorias son en contra de mujeres y cuántas corresponden a hombres, sí muestra una tendencia de incremento en este delito previsto en el artículo 230 del Código Penal local, numeral que contempla penas de 3 a 5 años de prisión y la pérdida de los derechos familiares hasta por el máximo de la pena privativa de libertad impuesta.
El proceso contra Gabriela inició la mañana del 29 de octubre de este año, cuando acudió a los Juzgados Penales de Pachuca para escuchar la acusación en su contra.
El señalamiento surgió después de que su expareja y padre de la hija que ambos procrearon sustrajo a la menor en 2017 para luego solicitar la custodia y pedir pensión alimenticia, dinero que la madre no pagó por falta de recursos, aun cuando lo notificó y solicitó una reducción de la deuda.
Después de 144 horas, el 3 de noviembre, el juez de control Jesús Anim Ope Islas la vinculó y aunque Gabriela permanece en libertad, está sujeta al proceso judicial. La investigación complementaria de su asunto durará dos meses.
En los primeros 10 meses de este año, se acumularon mil 5 investigaciones en 69 municipios de Hidalgo, lo que representa un aumento tanto en cantidad como en la expansión hacia otras zonas de la entidad.
Es decir, mientras que de enero a octubre del año 2024 las indagatorias fueron 657, este número se elevó a más de mil para la anualidad en curso.
Además, inicialmente el registro de estos delitos ocurrió en el 70% del territorio hidalguense, cantidad que para este año subió al 82%, lo que significa que actualmente en 69 municipios hay al menos una indagatoria.
Mientras que, hasta junio de este año, el Registro de Deudoras y Deudores Alimentarios Morosos de Hidalgo se conformaba por 500 hombres.
En aquel momento, Miriam Torres Monroy, directora del Registro del Estado Familiar, precisó que los casos provenían de los 17 distritos judiciales del estado.
Aunque dicha base de datos no es de consulta pública, se creó luego de que el 15 de junio de 2021 se publicó una reforma a la Ley para la Familia, lo que implica que el Registro estatal tiene la facultad de expedir constancias, así como de conformar y resguardar el archivo de deudores.
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