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Por incomunicación, malos tratos y tortura presuntamente ejercida por autoridades norteamericanas, Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", promovió un amparo en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca; sin embargo, el Poder Judicial de la Federación (PJF) desechó la demanda 2262/2025 porque el juicio de garantías únicamente procede contra actos de las autoridades mexicanas.
En juzgados situados en otros circuitos judiciales del país como Baja California, Campeche, Tlaxcala y Quintana Roo, la defensa de Guzmán Loera también solicitó la protección de la justicia federal, pero en todos los casos resultó improcedente.
De acuerdo con el expediente, el quejoso -sentenciado en 2019 a cadena perpetua- señaló como responsable al juez Brian M. Cogan, a la Corte Suprema Judicial de Massachusetts (SJC) y a la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, Estados Unidos.
Sin embargo, el Juzgado Primero respondió que dichas autoridades no pertenecen a ningún nivel de gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y, por lo tanto, no pueden tener el carácter de responsables para los efectos del juicio de amparo, porque no cuentan con facultades para ejercer jurisdicción en ese país.
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