Si una persona aspira a un cargo público debe mostrar coherencia tanto en su vida privada como en su vida pública, y saber que cumple con sus obligaciones alimentarias permitirá a la ciudadanía tomar decisiones más informadas, coincidieron defensoras de derechos humanos.
Durante el conversatorio: “Reflexiones sobre las obligaciones alimentarias y su impacto en los procesos electorales”, tres mujeres ponentes destacaron que el interés superior de la niñez debe estar por encima de los derechos político electorales.
Ana Luz Angeles García, coordinadora estatal de la asociación civil Mamá, hija e hijo en libertad, comentó que es coherente que esté ligado el padrón de deudores alimentarios con el querer representar un cargo público, ya que la ciudadanía tendrá más información a la hora de votar.
“Más que una sanción, es un mecanismo que promueve la responsabilidad social. Si un hombre no es responsable de sus hijos, no es una persona confiable para ejercer un cargo público”, expresó.
Karla Perales Arrieta, presidenta de la Comisión de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia en el Congreso de Hidalgo, expuso que los partidos políticos deben empezar por garantizar perfiles íntegros y confiables para sus candidaturas, de cara a los comicios electorales del 2027.
“Esto permite a las autoridades electorales, a los partidos y a la ciudadanía en general contar con información relevante al momento de tomar decisiones trascendentales como es emitir el voto”, refirió.
Citlalli Pavón Macías, defensora de los derechos humanos de las mujeres, destacó la importancia sobre que el Instituto Estatal Electoral acceda al padrón de deudores alimentarios para que los violentadores económicos no obtengan cargos públicos, porque de lo contrario, dijo, habrá trabas en los procesos judiciales.
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