Huejutla, Ixmiquilpan y Tenango de Doria forman parte de los municipios que serán consultados en el país sobre la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al respetar sus formas tradicionales de organización y toma de decisiones.
Se llevarán a cabo 82 asambleas regionales de consulta, así como siete mesas de trabajo particulares en Guerrero, Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Oaxaca, Jalisco y Baja California Sur.
Serán consultados 69 pueblos indígenas, una comunidad afromexicana, así como 16 mil 728 comunidades registradas en el catálogo nacional, distribuidas en 28 entidades federativas y mil 391 municipios.
Convocan a esta actividad el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Secretaría de Gobernación y la Consejería de la Judicatura Federal.
La consulta está conformada por cinco fases con la publicación de la convocatoria este 29 de junio, seguida de la etapa informativa que se llevará a cabo del primero de julio al 6 de agosto.
Tras la difusión de la convocatoria, las autoridades entregarán la información del nuevo ordenamiento a las 16 mil 728 comunidades registradas, con la finalidad de que conozcan la iniciativa y puedan analizarla.
Luego, continuará el estudio y adecuación de la iniciativa, donde las propuestas, recomendaciones y conclusiones recogidas en las asambleas regionales y mesas de trabajo se analizan y se incorporan al proyecto legislativo, del 21 de septiembre al 11 de octubre.
Una vez concluido este proceso, la iniciativa de la ley general será presentada el 12 de octubre ante el Congreso de la Unión.
El nuevo ordenamiento tiene la finalidad de proteger los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en su carácter de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio para que ejerzan su libre determinación, y participen en la vida pública nacional.
El ordenamiento establece los principios para que de manera colectiva se constituyan y ejerzan su personalidad jurídica, asuman facultades y funciones derivadas por dicho reconocimiento y tengan una relación de respeto y coordinación con todas las autoridades.
Define la autonomía indígena para que sea eficaz en los niveles comunitarios, municipales y regionales y en las diversas materias establecidas en la Constitución federal, como la restitución de tierras, propiedad intelectual colectiva, los planes de justicia y los caminos artesanales, al asegurar sus derechos de participación y representación en la vida pública nacional.
Establece las bases para la efectiva implementación del derecho a la consulta con la finalidad de obtener el consentimiento, o en su caso, llegar a un acuerdo justo sobre las medidas administrativas y legislativas que puedan afectarles.
Tiene el propósito de que todos los agravios cometidos en contra de los pueblos originarios sean debidamente sancionados y que sus derechos inalienables sean protegidos por el juicio de amparo indígena y afromexicano.
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