Por hacer un poder notarial que propició que perdieran un inmueble valuado en 29 millones de pesos, la familia Arenas Rodríguez denunció a Juan Manuel Hinojosa Zamora, titular de la Notaría Pública 8 de Tulancingo, por delitos cometidos en el ejercicio de una actividad profesional; sin embargo, las víctimas acusaron que el procedimiento que iniciaron desde noviembre de 2024 no avanza, a pesar de que no existen actos de investigación pendientes por resolver.
De acuerdo con los afectados, la carpeta con Número Único de Caso 18-2024-005017 fue judicializada en el primer trimestre de este año y durante los últimos seis meses se establecieron tres fechas distintas para llevar a cabo la audiencia inicial de la causa penal 117/2026, pero ninguna se ha concretado.
Lo anterior, porque el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) pidió diferirlas y hasta el momento, no hay una nueva cita.
En ese contexto, José Antonio Arenas, en nombre de la familia, pidió “que no haya ningún tipo de favoritismo u actos de corrupción”: a su vez, recordó que el notario es hermano de Juan Carlos Hinojosa Zamora, magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito con sede en Pachuca, Hidalgo, mismo que pertenece al Poder Judicial de la Federación (PJF).
De igual manera, las víctimas señalaron que el fedatario a través de su defensa pidió un no ejercicio de la acción penal. Al respecto, Ángel Labra Escudero, asesor jurídico de la familia, explicó que dicha solicitud traería como consecuencia el cierre de la carpeta de investigación, lo que dejaría a las víctimas en riesgo de perder su patrimonio equivalente a los 29 millones de pesos.
Los hechos que originaron la denuncia es que el notario confirió un poder general para pleitos y cobranzas a favor de un tercero; sin que, de ello, tuvieran conocimiento los afectados. Además de que se trataba de un poder revocado hace más de 10 años atrás, declaró el asesor.
Incluso, la familia recurrió al Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo para solicitar una opinión técnica y el organismo determinó que no fue correcto permitir que un apoderado confiriera un poder a un tercero.
El artículo 277 del Código Penal para el Estado de Hidalgo establece que los profesionistas o técnicos que, en el desempeño de sus actividades, causen daño o pongan en peligro la vida, la salud, la libertad o el patrimonio de las personas pueden recibir una pena de seis meses a cinco años de prisión.
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