Al menos 11 servidores y exservidores públicos de instituciones que dependen de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo enfrentan procedimientos administrativos o penales por presuntamente solicitar dinero a usuarios, robo de documentos, desaparición de bienes y desempeño deficiente, informaron los titulares de las dependencias.
En el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Hidalgo, cinco exservidores fueron separados del cargo por pedir dinero a los usuarios, pese a que la dependencia brinda asesoría y representación legal gratuita a personas que no pueden pagar un abogado particular o pertenecen a grupos vulnerables.
De acuerdo con Ciro Juárez González, titular del Instituto, las separaciones ocurrieron desde el 12 de diciembre de 2025 -cuando asumió el cargo- hasta la fecha. Además, existe un caso en investigación que aún no deriva en una sanción, debido a que el procedimiento continúa y el servidor público tiene derecho a la defensa.
Juárez González señaló que los cinco casos pudieron acreditarse mediante comprobantes de depósitos bancarios realizados por las víctimas.
En el Registro del Estado Familiar, una persona fue suspendida y otra dejó de laborar en la institución; ambos enfrentan un proceso judicial y están vinculados a proceso, informó la directora general Celia Ramírez Godínez.
Uno de los casos corresponde al presunto robo de documentos utilizados por la dependencia, mientras que el segundo involucrado habría cobrado 300 mil pesos en efectivo entre agosto de 2025 y enero de 2026 por diversos trámites que en realidad deben pagarse mediante instituciones bancarias.
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Por otra parte, el Órgano Interno de Control del Instituto de la Función Registral investiga a tres exservidores por la desaparición de bienes propiedad del Estado, así como por desempeño deficiente, informó su director José Luis Álvarez Tagle.
Precisó que estos casos se encuentran actualmente en la vía administrativa y posteriormente se determinará si existen elementos para iniciar procedimientos penales.
CINCO NOTARIOS BAJO PROCEDIMIENTOS
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A estos casos se suman cinco procedimientos administrativos y penales contra notarios, informó Mario Pedro Velázquez Bárcena, titular del Archivo General de Notarías del Estado de Hidalgo.
Recordó que entre 2022 y 2023 fueron sancionados ocho de cada 10 notarios de la entidad con multas de entre 3 mil y 33 mil pesos por mantener desordenados sus protocolos.
Entre los procedimientos vigentes se encuentra el de Octavio Eduardo N, exnotario de Tizayuca, quien fue vinculado a proceso por hechos que la ley señala como usurpación de funciones.
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