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Municipios, dependencias gubernamentales y organismos autónomos de Hidalgo tienen un monto de 2 mil millones de pesos pendientes de justificar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El recurso corresponde a ejercicios fiscales que comprenden el periodo de 2018 a 2022; es decir, del sexenio pasado, informó Álvaro Martín Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría estatal.
De acuerdo con estadísticas del contralor, del monto total vigente observado por la instancia federal, al menos 638 millones de pesos corresponden a dependencias del Poder Ejecutivo.
Derivado de las observaciones, existen procedimientos de responsabilidades vigentes que la Auditoría Superior de la Federación le notificó a la Fiscalía General de la República (FGR), aunque Bardales Ramírez no precisó cuántos porque son de competencia federal.
Sin embargo, también señaló que, en ocasiones, la ASF le turna a la Secretaría de Contraloría de Hidalgo los pliegos de observaciones de los entes fiscalizados que no justificaron el dinero para que a nivel estatal se inicien los procesos de responsabilidades correspondientes.
Entre los procedimientos vigentes a los que aludió el contralor, también consideran observaciones que la Auditoría federal realizó a municipios en 2021 y 2022 tras la fiscalización “Colmena”. Entre los ayuntamientos figuran: Actopan, Ixmiquilpan, Lolotla, Metztitlán, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Mixquiahuala, Nopala, San Felipe Orizatlán, Tezontepec y Tula.
DOS ALCALDES INHABILITADOS
Tras las elecciones, Carlos Cesar Pérez Escamilla y Amado Pérez Hernández ganaron las alcaldías de San Felipe Orizatlán y Zacualtipán, respectivamente, pero están inhabilitados para ejercer en el servicio público derivado de resoluciones que publicó la Contraloría de Hidalgo.
Al respecto, Bardales Ramírez señaló que en agosto de 2024 concluye la sanción del presidente electo de Zacualtipán, quien ya no tendría problemas para asumir el cargo en septiembre; pero no ocurre lo mismo con el asunto de San Felipe Orizatlán, ya que Carlos Cesar Pérez fue inhabilitado por 30 meses. El contralor no precisó que sucederá con este asunto porque argumentó que hay procesos en curso para combatir la sanción.
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