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Le arrebataron a su hija de manera injusta y desde entonces Gabriela Hernández Esparza ha pasado ocho años entre denuncias, amparos y procesos judiciales para recuperar la custodia, pero ahora lucha por no perder su libertad, ya que enfrenta un proceso por no pagar la pensión alimenticia, deuda que asciende a 180 mil pesos.
La mañana del 29 de octubre de 2025 Gabriela acudió a los Juzgados Penales de Pachuca para escuchar la acusación de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
El ministerio público le imputó incumplimiento de las obligaciones alimentarias, un delito que en la entidad alcanza penas de prisión de tres a cinco años. El señalamiento surgió después de que su expareja y padre de la hija que ambos procrearon sustrajo a la niña en 2017 para luego solicitar la custodia y pedir pensión alimenticia, dinero que la madre no pudo pagar por falta de dinero y un empleo formal.
Mientras Gabriela escuchaba la imputación dentro del edificio judicial, al exterior un grupo de aproximadamente 15 madres con asuntos similares que se nombran víctimas de violencia vicaria, se manifestaron para exigir justicia, que se juzgue con perspectiva de género y de infancia.
Lo anterior, tras acusar que les retiran la custodia de sus hijos con denuncias falsas, carpetas que después las llevan a enfrentar procesos por violencia familiar o de pensión alimenticia, como le ocurrió a Gabriela. En estas prácticas las madres señalaron la complicidad de abogados, juzgadores y ministerios públicos.
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