El crecimiento de las ciudades en regiones con disponibilidad limitada de agua ha agravado la crisis hídrica en el país y coloca a Hidalgo en una zona de riesgo creciente, particularmente en los municipios considerados parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, advierte el estudio “Agua y población: Un binomio inseparable entre necesidad y explotación”.
De acuerdo con el documento, el 76 por ciento del crecimiento poblacional registrado entre 2010 y 2020 ocurrió en regiones con alta o muy alta presión hídrica, es decir, en zonas donde se extrae más agua de la disponible. En este sentido, los autores Raúl Romo y Verónica Segura indicaron que el desarrollo urbano en el país se ha incrementado sin una planeación respecto de la disponibilidad del agua.
Destaca el caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que incluye municipios de Hidalgo, donde se mantiene una presión hídrica muy alta. De acuerdo con el estudio, hasta 2020 la región concentraba 21.4 millones de habitantes, situación que ha derivado en la sobreexplotación de acuíferos y en una mayor dependencia de sistemas externos de abastecimiento, como el Cutzamala.
El informe señala que, en estados como Hidalgo, el crecimiento urbano se sostiene sobre acuíferos cada vez más explotados, lo que incrementa la vulnerabilidad ante sequías prolongadas.
Raúl Romo y Verónica Segura retomaron datos de la Comisión Nacional de Población (Conapo), donde se advierte que la falta de inversión en infraestructura hidráulica, rezago en tratamiento de aguas residuales y las pérdidas por fugas, son una de las causas que agravan la falta de agua.
A nivel nacional, siete de cada 10 personas viven en zonas con alta o muy alta presión sobre los recursos hídricos, de acuerdo con los investigadores, quienes señalan que el 73 por ciento de la población, al menos 91 millones de personas, se concentra en regiones donde la demanda de agua es mayor respecto de la disponible.
De mantenerse la expansión urbana y gestión del agua, los especialistas señalan que el abastecimiento será cada vez más costoso, inequitativo e insostenible, por lo que resaltan la urgencia de replantear la planeación territorial, fortalecer la gobernanza del agua y priorizar inversiones que garanticen el acceso al recurso natural.
El estudio advierte que, aunque a nivel nacional el promedio de presión hídrica se clasifica como bajo, este indicador oculta una fuerte desigualdad territorial, ya que las zonas con mayor población y actividad económica se concentran precisamente en regiones donde el agua es más escasa. Esta disparidad provoca que millones de personas “enfrenten restricciones, tandeos o un servicio cada vez más costoso”.
Asimismo, el documento señala que la crisis hídrica no solo es resultado del cambio climático, sino también de un modelo de gestión que priorizó durante décadas el crecimiento urbano, industrial y agrícola sin considerar la capacidad de recarga de los acuíferos ni la disponibilidad real del recurso en cada región.
Los autores también alertan que solo una parte del agua residual generada en el país recibe tratamiento adecuado, lo que limita su reutilización y contribuye a la contaminación de ríos y cuerpos de agua, reduciendo aún más la disponibilidad efectiva para consumo humano y actividades productivas.
Finalmente, los investigadores subrayan que sin una política pública integral que incluya planeación urbana, gestión del agua y protección ambiental, la presión hídrica continuará aumentando, lo que podría derivar en conflictos sociales, afectaciones económicas y una mayor vulnerabilidad de las poblaciones más pobres ante la escasez del recurso.
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