Estado

Contraloría de Hidalgo atribuye a fallas técnicas las observaciones de la ASF

La dependencia estatal señaló falta de capacitación para atender la “Auditoría Colmena”

Álvaro Bardales I Foto: Luis Soriano
24/02/2026 |02:13
Lorena Rosas Pérez
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Los más de 721 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le observó al gobierno de Hidalgo y sus municipios son de carácter administrativo porque la federación no capacitó sobre el funcionamiento de la plataforma utilizada para dicha inspección digital, argumentó Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Contraloría estatal.

Como parte de la “Auditoría Colmena”, la ASF revisó 30 de los 84 municipios, los que acumularon más observaciones fueron: Pachuca, Huejutla, Tepehuacán y Huichapan, incluso entes como la Auditoría local y la Oficialía Mayor.

Sin embargo, el contralor insistió en que el origen de los señalamientos fue "de forma" por dificultades en la carga de datos y no “de fondo" porque no existió desvío de recursos”.

Además de que mencionó que los funcionarios municipales no comprendieron el funcionamiento de la plataforma, añadió que existió un desfase en la información por el cambio de administración municipal.

Respecto a las observaciones indicó que al menos 600 millones, que equivale al 83 % del total, fueron por los cálculos en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el timbrado y la recuperación de comprobantes fiscales.

Otras de las presuntas irregularidades se enfocaron en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y por seguros catastróficos agrícolas no acreditados. No obstante, aseguró que ya están en etapa de solventación y que las alcaldías tienen asistencia técnica para que carguen correctamente la información a la plataforma.

Por ahora, indicó que no hay observaciones graves que impliquen fincar responsabilidades y tampoco se emitieron pliegos que exijan el reembolso de recursos.

La ASF, dijo, tampoco solicitó acciones legales ni inicio de denuncias, aunque Bardales Ramírez aceptó que sí instruyó a la Contraloría de Hidalgo para realizar investigaciones complementarias, específicamente en el posible conflicto de interés del contrato otorgado a favor de la constructora propiedad de los hermanos de Ricardo Crespo, diputado federal hidalguense.

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