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Tras el paso de la Perturbación Tropical 90-E, integrantes del Congreso de Hidalgo analizan emitir un exhorto al gobernador Julio Menchaca Salazar para que solicite la declaratoria de desastre natural para los municipios damnificados de la entidad.
La petición fue turnada a las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, así como a la de Protección Civil y Gestión de Riesgos.
Las declaratorias las solicitan las entidades a la federación para pedir recursos que permitan atender las necesidades urgentes a una población afectada con motivo de fenómenos naturales como deslaves, incendios, tornados, actividad volcánica, hundimientos o sismos.
De acuerdo con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), del 2000 al 2024, Hidalgo acumula 10 declaratorias, a estas, los legisladores solicitaron exhortar una más, ante el impacto de los recientes fenómenos climáticos en la Huasteca, Sierra Alta, Sierra Gorda y la Otomí-Tepehua.
Consideraron que el exhorto es parte de una responsabilidad compartida entre el Congreso del estado de Hidalgo y con la Coordinación de Protección Civil estatal; sin embargo, en su última visita al estado, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, indicó que, por el momento, no habría la declaratoria, pero no se descarta emitirla.
Esta propuesta fue emitida por los legisladores: Karla Perales Arrieta, Claudia Lilia Luna Islas, Johana Montcerrat Hernández Pérez, Orquídea Larragoiti Osorio, Francisco Javier Téllez Sánchez, Carlos Alejandro Alcántara Carbajal y Avelino Tovar Iglesias.
Respecto a contar con Atlas de Riesgo, los legisladores locales indicaron que más de la mitad de los municipios afectados carecen de este. Y en la lista figuran: Tianguistengo, Calnali, Molango, Xochicoatlán, San Agustín Metzquititlán, Jacala, Tlahuiltepa, San Bartolo Tutotepec, Nicolás Flores, Juárez Hidalgo, Yahualica, Lolotla, Pacula, Jaltocan y Huazalingo.
Reconocieron el esfuerzo de la administración estatal que destinó más de 42 millones de pesos para la elaboración de los atlas de riesgo en 32 municipios, pero consideraron que falta coordinación y gestión municipal para formalizar estos documentos en los ayuntamientos faltantes.
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