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Jorge Valverde Islas, titular de la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH), confirmó que un municipio y la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH) promovieron amparos para inconformarse por la imposición de multas de hasta 15 mil pesos.
Las dos entidades fiscalizadas iniciaron juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) para quejarse por las sanciones económicas que recibieron.
Al respecto, Valverde Islas detalló que las multas se originaron por incumplir con la información que la Auditoría las solicitó y atribuyó la inconformidad a que las administraciones que le antecedieron condonaban las multas, a diferencia de su gestión.
“Ellos (los entes fiscalizados) se han confundido. Dicen: si yo entrego una documentación ya cumplí. Pero la auditoría revisa y si la documentación viene incompleta entonces no cumplió al 100 por ciento, no cumplieron satisfactoriamente”.
Explicó que las penalizaciones derivan de vulneraciones a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, que tiene por objeto la verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de disciplina financiera.
Agregó que, hasta el momento, solo ha recibido dos notificaciones formales del PJF respecto de los amparos, uno de ellos es el de Derechos Humanos y el otro corresponde a un ayuntamiento cuyo nombre no mencionó.
El artículo 55 de la Ley en la materia en mención establece siete supuestos para la imposición de mutas, la máxima es de 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivale a 15 mil 561 pesos, toda vez que el valor de cada UMA fue tasado en 103.74 pesos para este 2023.
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