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Para el siguiente año se espera que por primera vez las cerca de 13 mil comunidades indígenas registradas ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas recibirán un presupuesto, según refiere la reforma constitucional aprobada, por lo que tendrán la oportunidad de decidir en qué destinarán el recurso.
Así lo informó Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, quien destacó que la reforma instruye que no solo hay un reconocimiento a los pueblos y comunidades originarias, también podrán acceder a recursos.
“Ya vamos a informar cómo se va a desarrollar. Estamos esperando que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación que esperemos sea esta semana para que podamos ya hacerlo público”, expuso luego de la firma del decreto por el cual se crea la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de pueblos y comunidades.
Indicó que la decisión es histórica, “por primera vez, un presupuesto donde las autoridades de usos y costumbres, tradicionales o en asamblea puedan ejercer sus propios recursos para su comunidad”.
En Hidalgo pueblos como San Ildefonso, Acuautla (Huehuetla), Agua Escondida, Agua Grande, (San Bartolo Tutotepec), Agua Florida, Agua Hedeonda (Metztitlán), Aguacatlán (Cardonal), Aguas Blancas (Zimapán), Agualimpia (Nicolás Flores), Aljibes, Atengo (Tecozautla), Arbolado (Tasquillo), Arenalito (Ixmiquilpan), entre una extensa lista son las comunidades enlistadas ante el INPI.
Sheinbaum Pardo también anunció que se planea dar continuidad a los Planes de Justicia Social y enlistó que se tienen 17 y que impactarán en 26 pueblos indígenas en 12 entidades, y desde la Comisión recién creada, se les dará seguimiento.
Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) informó que se tradujeron a 64 variantes lingüísticas correspondientes a 58 pueblos originarios. En la lista se encuentran la traducción al otomí o hñä hñu, náhuatl y tepehua, idiomas que también se hablan en Hidalgo.
Se destacó que los documentos en los idiomas originarios contienen la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como el decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de pueblos y comunidades.
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