Solo 3 de 5 personas integran actualmente el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo (SEAH); el expresidente renunció y una de sus exintegrantes fue acusada por el delito de incumplimiento de un deber legal.
En entrevista con EL UNIVERSAL HIDALGO, Lucero Calderón Hernández, actual presidenta del CPC, recordó que, en el primer semestre del año en curso, el Órgano de Gobierno del SEAH disminuyó de 28 mil a mil pesos mensuales el sueldo de los cinco integrantes del CPC.
Refirió que, aunque el Comité se inconformó por la decisión, el pago por honorarios continúa en mil pesos al mes, esto a pesar de que el CPC nacional lo reprobó y respaldó a los consejeros locales.
La reducción se dio por parte de la Contraloría Estatal tras detectar que el personal del CPC no estaba comprobando el trabajo encomendado, y sólo algunos colaboraban en la actividad contra la corrupción.
Calderón Hernández indicó que, en su caso, incluso interpuso juicios de amparo que están vigentes, pero aún sin una resolución de fondo, pero por lo pronto no aceptó el pago de mil pesos mensuales.
No obstante, mencionó que continúa laborando al igual que Martha Patricia Morales Salomón, la más reciente integrante, mientras que Víctor Juárez Peralta, en enero próximo ostentará el cargo de presidente de 2024 a 2025, pues el encargo se rota anualmente.
Quienes en su momento renunciaron como consejeros ciudadanos anticorrupción fueron Sergio Carlos Jiménez Martínez, quien abandonó su cargo en la presidencia (2023-2024) luego de votar a favor de bajarle el sueldo a sus compañeros. Mientras que Giselle N quien renunció en abril de 2023, fue aprehendida dos meses después, acusada de presuntamente desempeñar dos cargos al mismo tiempo, tanto en la Secretaría de Contraloría como en el ayuntamiento de Pachuca.
El CPC se encarga de la vinculación social, implementación y evaluación de estrategias anticorrupción. Anualmente, una Comisión de Selección del CPC emite una convocatoria para elegir a una persona emanada de la sociedad civil para integrarse. Este organismo debe conformarse por cinco ciudadanos especialistas en el combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, se eligen a exfuncionarios o funcionarios públicos para el encargo.
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