En la contratación de la obra que realizó el Gobierno de Hidalgo a favor de la empresa AGICRESA, S.A. de C.V., propiedad de Arturo y Gibran, hermanos del diputado federal hidalguense Ricardo Crespo Arroyo, el contralor Álvaro Bardales consideró que existe un conflicto de interés político.

Recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la tercera entrega de resultados de la cuenta pública 2024 halló un conflicto de este tipo, que ocurre cuando mediante la relación política se obtiene un beneficio económico.

Por ahora, mencionó que la Contraloría de Hidalgo únicamente dará acompañamiento a las aclaraciones que se tengan que hacer ante la federación y en caso de que no se subsanen, será la ASF quien determine las acciones a seguir porque el recurso es federal.

“Inclusive si nos dice: hay que dar de baja la empresa, hay que iniciar los procedimientos, hay que denunciar”.

La obra en cuestión es un bardeado perimetral por 11 millones de pesos que contrató la Secretaría de Infraestructura estatal que pertenece al Poder Ejecutivo, argumentó el contralor estatal y, en ese contexto, agregó que Crespo Arroyo pertenece al Poder Legislativo federal.

“Por una razón el conflicto de interés no se configura y no lo pudo configurar la Auditoría Superior de la Federación porque no es un delito que una persona sea pariente de alguien que es accionista, representante legal de alguna empresa”, finalizó.

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