Estado

CEAVIH fija en casi 50 mil pesos el apoyo máximo para gastos funerarios de víctimas en 2026

Las nuevas reglas de operación establecen criterios para acceder a las medidas de ayuda, que incluyen atención médica, psicológica, hospedaje, transporte y becas.

La CEAVIH publicó las Reglas de Operación 2026 para la atención a víctimas en Hidalgo | Foto: Google Maps
28/06/2026 |16:26
Lorena Rosas Pérez
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Un monto de 49 mil 999 pesos, equivalente a 426.22 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es el límite del apoyo económico que se otorgará para cubrir gastos funerarios, de acuerdo con las Reglas de Operación para 2026 publicadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Hidalgo (CEAVIH).

El documento emitido por la titular del organismo, Luisa Yuriley Gonzaga Ramírez -quien asumió el cargo en julio de 2025-, establece un esquema de coordinación en el cual los municipios donde ocurra el hecho victimizante colaborarán con el gobierno estatal para el pago de estos servicios en beneficio de las víctimas indirectas.

Las disposiciones tienen como objetivo regular la asignación y aplicación de las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las personas en situación de víctima en el estado de Hidalgo.

Además del rubro funerario, el acuerdo aprobado por la CEAVIH contempla: atención médica que abarca desde hospitalización, medicamentos y honorarios médicos cuando los servicios públicos de salud no cubran la necesidad derivada del hecho victimizante.

Así como servicios de atención psicológica o psiquiátrica, interrupción voluntaria del embarazo, alojamiento, transporte, hospedaje, alimentación en caso de traslados y becas en instituciones públicas.

Para acceder a los recursos y medidas de ayuda, es un requisito indispensable que las personas se encuentren inscritas en el Registro Estatal de Víctimas y realicen una solicitud expresa; sin embargo, las reglas aclaran que esta inscripción no implica el otorgamiento automático de los apoyos.

La CEAVIH evaluará las solicitudes tomando en cuenta seis criterios: condición socioeconómica de la víctima, repercusión del daño en la vida familiar, imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño sufrido, número y la edad de las personas que dependan económicamente de la víctima, así como disponibilidad presupuestaria del organismo.

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