Al menos siete trabajadores de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) sufrieron acoso laboral por parte de Alfredo Cabrera Román, titular del Órgano Interno de Control (OIC), quien también vulneró el derecho al reconocimiento de la dignidad, determinó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).
De acuerdo con la Recomendación R-VG-0011-25, la queja fue presentada desde abril de 2024 por ocho personas, quienes denunciaron conductas reiteradas de hostigamiento por parte del titular del OIC, a quien acusaron de emitir expresiones despectivas, gritos, menosprecio público del trabajo, asignación de tareas fuera del horario laboral, así como la imposición de jornadas excesivas y labores en días de descanso.
Las víctimas también señalaron que el funcionario de la ASEH las contactaba fuera del horario oficial “y que sus acciones transgredían la dignidad de las personas quejosas, al impedir que se respetaran sus horarios de comida y, principalmente, al emplear expresiones peyorativas sobre el trabajo, la profesión y el desempeño, menospreciando la labor de cada víctima en su ámbito laboral”.
La CDHEH indicó que estas acciones generaron un ambiente laboral hostil y afectaron la dignidad e integridad psicológica de las personas afectadas, además de vulnerar disposiciones en materia de derechos humanos, trabajo digno y prevención de la violencia laboral.
Entre los señalamientos recabados durante la investigación, la Comisión acreditó que Cabrera Román restringía tiempos de comida, obstaculizaba necesidades básicas como el uso del sanitario y negaba derechos específicos, como los periodos de lactancia.
En la recomendación, la CDHEH pidió que se detengan las expresiones denunciadas, los tratos humillantes, los gritos y el menosprecio del trabajo, así como cualquier otra práctica que genere un ambiente laboral hostil.
Además, solicitó la adopción de medidas de no repetición, así como la capacitación del funcionario en derechos humanos, dignidad humana, violencia y acoso laboral.
La CDHEH enfatizó que la autoridad señalada deberá informar en un plazo de 10 días hábiles si acepta o no la recomendación; en caso de negativa, deberá argumentar su decisión, la cual podría derivar en un llamado a comparecer ante el Congreso de Hidalgo.
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