La empresa Cajas Graf, S.A. de C.V., identificada como parte de una red de siete compañías investigada por presuntas irregularidades en contrataciones electorales, obtuvo dos contratos del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) por un monto conjunto de 134 millones 961 mil 536.90 pesos.
De acuerdo con una investigación, las adjudicaciones corresponden a los ejercicios de 2021 y 2022, cuando la compañía obtuvo contratos para proveer materiales electorales al organismo hidalguense.
El primer contrato, identificado con el procedimiento LP-IEE-002-2021, fue por 68 millones 980 mil 163.28 pesos, mientras que el segundo, con folio IEEH-DA-2022-085, ascendió a 65 millones 981 mil 373.62 pesos.
En conjunto, ambas contrataciones representan casi 135 millones de pesos en recursos públicos destinados a adquisiciones del organismo electoral de Hidalgo.
Al respecto, Comunicación Social del IEEH precisó que ambos contratos fueron otorgados durante la gestión de Guillermina Vázquez Benítez como consejera presidenta y no durante la administración actual, encabezada por María Magdalena González Escalona.
Vázquez Benítez fue removida del cargo por el Instituto Nacional Electoral (INE) el 31 de enero de 2022, por irregularidades relacionadas con la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en las elecciones municipales de 2020.
El Universal publicó este lunes que un grupo de siete empresas vinculadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas obtuvo contratos por más de mil millones de pesos con organismos públicos locales electorales de al menos 13 entidades del país.
Entre las compañías mencionadas se encuentra Cajas Graf, dedicada al suministro de paquetes y cajas electorales para procesos comiciales a nivel estatal y federal.
La investigación refiere que la red empresarial también consiguió adjudicaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo encabezado por Guadalupe Taddei Zavala, y que la relación de algunas de estas compañías con autoridades electorales se remonta a años anteriores a su llegada a la presidencia del órgano nacional.
Uno de los casos que dio origen a las indagatorias corresponde a un contrato por 63 millones 241 mil pesos otorgado mediante adjudicación directa por el INE a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., para producir y distribuir materiales de simulacro del proceso electoral federal 2023-2024.
En marzo de 2024 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades relacionadas con esa contratación. Entre los hallazgos se señaló una presunta triangulación de recursos hacia otras compañías, situación que motivó una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
A partir de las revisiones se identificó un grupo de al menos siete empresas presuntamente vinculadas operativamente con los hermanos Hernández Casillas, quienes presuntamente se presentaban como competidoras en distintos procedimientos de contratación.
Únete a nuestro canal: ¡EL UNIVERSAL HIDALGO ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.