Estado

Buscan tipificar como delito la usurpación de candidaturas indígenas

La propuesta buscará reformar la Ley General de Delitos Electorales

Diana Rodríguez I foto: Luis Soriano
11/09/2025 |01:10
Ricardo Calleja
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Aunque en Hidalgo no existen denuncias, ya se trabaja en una propuesta de reforma a la Ley General de Delitos Electorales para castigar la usurpación de candidaturas exclusivas para personas indígenas.

Así lo dio a conocer Diana Jeannette Rodríguez López, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Hidalgo, quien precisó que en los trabajos son coordinados por la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales.

“Es un proyecto que ya se tiene y en concreto estamos trabajando a la usurpación de candidaturas indígenas como delito electoral, para poder tipificar dentro del catálogo de esta ley”, expresó ante medios de comunicación.

En el caso de Hidalgo hasta el momento ninguna persona o grupo indígena ha presentado alguna denuncia por vulneración de sus derechos políticos-electorales para acceder a candidaturas.

Diana Rodríguez I foto: Luis Soriano

“Pero sí es una conducta generalizada en los estados, de ahí la necesidad que impulsemos una serie de reformas, entre ellos ese delito (usurpación de candidaturas para personas indígenas)”, expresó Rodríguez López.

De acuerdo con la normatividad vigente, los partidos políticos deben destinar candidaturas exclusivas para grupos de atención prioritaria, como personas indígenas, con discapacidad y adultos mayores.

Diana Rodríguez agregó que también se planea incluir a los espacios destinados para integrantes de la comunidad sexo genérica, pues existen casos también de usurpación de candidaturas para este sector.

La funcionaria pública señaló que continúa el análisis de la iniciativa sobre el castigo que se

impondrá a quienes ocupen candidaturas destinadas para grupos vulnerables.

“El tipo de sanción está en análisis, tanto la pena, como la prisión o multa, independientemente si se tratara de un servidor público, la inhabilitación de su cargo”, adelantó Rodríguez López.

Indicó que algunos estados proponen que la prisión sea de dos a cinco años, pero otros solicitan que la pena mínima sea de tres años de cárcel y como máximo cinco, pero la decisión final será analizada y se considerará la acreditación de la usurpación y la gravedad de la conducta.

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