Estado

Buscan obligar a regidores a asistir a comisiones; ausencias afectarían su salario

Diputado propone reformar la Ley Orgánica Municipal para sancionar inasistencias injustificadas; El Universal Hidalgo documentó baja productividad en 62 ayuntamientos.

En 62 ayuntamientos, el 79 por ciento de los regidores no han presentado iniciativas | Twitter: LXVI Legislatura de Hidalgo
09/07/2025 |16:48
Ricardo Calleja
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En el Congreso local propusieron reformar la Ley Orgánica Municipal para que sea obligatorio que los regidores asistan a las reuniones de comisiones en sus ayuntamientos, pues prevalecen las inasistencias y la falta de productividad.

Así lo señaló el diputado José Luis Rodríguez Higareda, quien consideró que con la reforma se pone fin a una de las omisiones más graves en los ayuntamientos, “la ausencia sistemática e impune de quienes fueron electos por el pueblo y lo abandonan”.

La propuesta contempla que a partir del registro de asistencias a las reuniones, las faltas injustificadas tengan consecuencias como descuentos a la dieta que reciben.

Esta semana, documentó la falta de productividad de regidores de 62 municipios, donde los integrantes de los cabildos se han limitado a aprobar propuestas presentadas por los alcaldes.

Se detectó que en Hidalgo, el 79 por ciento de los asuntos aprobados en los cabildos entre septiembre de 2024 y abril de 2025 corresponden a propuestas emitidas por los presidentes municipales, mientras que los regidores quedan relegados.

“No hay transformación con cabildos vacíos, con comisiones inoperantes y funcionarios ausentes".

La iniciativa, que será estudiada en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, reforma el artículo 49 que establece que los regidores tienen la obligación de acudir a reuniones del cabildo, de comisiones y deben permanecer en ellas hasta finalizar la sesión.

Según la propuesta, se deberán emitir convocatorias a las reuniones por escrito y vía electrónica, pero también se deben agregar documentos sobre los asuntos que se abordarán en las reuniones.

Para que la reforma se aplique, los ayuntamientos tendrán un plazo de 60 días para modificar su normatividad interna según se propone.

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