El Congreso de Hidalgo presentó una iniciativa que pretende prohibir la postulación a cargos de elección popular, de personas que hayan cometido delitos dolosos por los que fueron presos, o que resultaron inhabilitadas por actos de corrupción.
Durante sesión ordinaria, legisladores locales subieron al pleno la propuesta que reforma el tercer párrafo de la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política del de Hidalgo, para fortalecer los requisitos de elegibilidad para cargos de elección popular.
En la exposición de la iniciativa se señaló que permitir que personas sancionadas por delitos dolosos o actos de corrupción, accedan nuevamente a cargos de representación popular podría debilitar la credibilidad del sistema democrático y normalizar prácticas contrarias a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y rendición de cuentas.
La diputada Diana Rangel Zúñiga, en representación de los legisladores promoventes, mencionó que cuando los recursos públicos se utilizan indebidamente, cuando existe tráfico de influencias, sobornos o cualquier práctica que anteponga intereses particulares al bienestar colectivo, las consecuencias las resienten las familias y comunidades.
Expuso que quien solicita la confianza de la ciudadanía para ocupar un cargo público debe comprender que el poder público no constituye un privilegio personal, sino una encomienda otorgada por el pueblo.
“No podemos hablar de fortalecimiento democrático mientras normalizamos que personas sancionadas por conductas que afectan gravemente la legalidad o la función pública puedan regresar a posiciones desde las cuales se administra, decide o representa el interés colectivo”, expresó.
Agregó que, lo que se busca es que quienes aspiren a representar al pueblo de Hidalgo no solamente cumplan con requisitos formales, sino también con condiciones mínimas de responsabilidad frente al orden jurídico y frente a la sociedad.
La adición indica que no podrán ser postuladas a cargos de elección popular las personas que estén cumpliendo sentencia ejecutoriada por delitos dolosos que ameriten pena privativa de la libertad o por hechos de corrupción que ameriten la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Actualmente el mismo párrafo niega la postulación a cargos de elección popular a las personas que cometieron violencia familiar, y violencia política contra las mujeres en razón de género.
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