Estado

Busca Congreso garantizar custodia de archivos tras renovación de gobiernos municipales y estatal de Hidalgo

La propuesta plantea obligar a resguardar la documentación en los ayuntamientos para los requerimientos de autoridades competentes y órganos fiscalizadores

Foto: Especial
23/09/2026 |19:54
Lorena Rosas Pérez
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Ante la próxima renovación de ayuntamientos, el Congreso de Hidalgo presentó una iniciativa para reformar la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del estado, en materia de conservación y disponibilidad de la información y documentación recibida por quienes asumen el nuevo encargo.

Durante sesión ordinaria, el diputado local, Miguel Moreno Zamora, indicó que la propuesta busca garantizar que la información y documentación que forma parte de la entrega recepción permanezca resguardada y disponible para los requerimientos de autoridades competentes y órganos fiscalizadores

Explicó que en el ámbito municipal es frecuente que las auditorías, revisiones financieras, investigaciones administrativas y procedimientos de fiscalización se desarrollen meses o años después de concluido el ejercicio de una administración pública.

Sin embargo, cuando dicha documentación se extravía, se destruye, se altera o simplemente no es proporcionada a las autoridades competentes, se generan obstáculos que afectan los procesos de fiscalización, dificultan la investigación de posibles irregularidades administrativas y limitan la adecuada rendición de cuentas.

La propuesta es agregar el artículo 30 BIS que plantea que el servidor público que tenga bajo su custodia la información y documentación deberá conservarla y mantenerla disponible para el ejercicio de las funciones institucionales, así como ponerla a disposición de las autoridades competentes, órganos internos de control y órganos fiscalizadores cuando le sea requerida en ejercicio de sus atribuciones.

Además, la pérdida, destrucción, alteración, ocultamiento, sustracción o negativa injustificada para proporcionar la información y documentación dará lugar a las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan en términos de la legislación aplicable.

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