Estado

Aprueban en Hidalgo reforma que protege a maestros señalados sin pruebas de acoso o violencia escolar

Legisladora local exhibe en sesión del Congreso el caso del maestro Alberto de Ciudad de México quien presuntamente se quitó la vida tras ser acusado por una alumna

Diputada Mónica Reyes Martínez, sesión del Congreso de Hidalgo Foto: Captura
29/07/2026 |21:05
Lourdes Naranjo
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Legisladores del Congreso de Hidalgo aprobaron el dictamen que obliga a autoridades educativas estatales, a respetar y garantizar la presunción de inocencia de docentes y personal administrativo ante señalamientos sobre acoso o violencia escolar en los planteles educativos.

Durante la exposición de motivos, la legisladora Mónica Reyes Martínez, mostró la imagen del maestro Alberto, quien presuntamente se quitó la vida en Ciudad de México tras ser acusado por presunto abuso sexual, y argumentó que pese a que la presunción de inocencia está señalada en la Constitución, hay cientos de maestros que son señalados injustamente.

Esto que se plantea no está sobrerregulado, porque en los protocolos de SEPH basta con que un alumno, alumna, padre de familia haga un señalamiento hacia un maestro, maestra o trabajador de la educación para que sean separados del cargo, que sean removidos de su espacio, de su centro de trabajo sin siquiera investigar”, expresó.

La nueva disposición, evitará cualquier trato, medida o comunicación que implique un juicio previo sobre su responsabilidad, ya que actualmente, dijo, primero los separan del cargo y después se investiga.

“A esas voces a las que les incomoda que hable de estos temas debería incomodarles la inseguridad laboral de los trabajadores de la educación. Claro que estuve presionando para que la iniciativa saliera porque a mí sí me preocupan mis compañeras y compañeros trabajadores de la educación”, manifestó.

Posteriormente, el dictamen fue aprobado con 24 votos a favor, el cual adiciona el artículo 117 Bis a la Ley de Educación de Hidalgo, mismo que establece que las autoridades educativas deberán respetar y garantizar el derecho a la presunción de inocencia de docentes y personal administrativo en todas las actuaciones administrativas vinculadas con el ejercicio de su función.

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