Los funcionarios públicos que no se apague a la ley previo a sus candidaturas para el 2024, podrán sufrir consecuencias, pues no se permitirá que se use la estructura de gobierno para fines electorales, afirmó el contralor, Álvaro Bardales.
“Abusados presidentes municipales, regidores, síndicos, secretarios, subsecretarios y en general cualquier servidor público que se inscriba al proceso electoral para la próxima contienda, pueden perder si no actúan conforme a la ley”, declaró Bardales Ramírez.
Los aspirantes podrían ser sancionados o multados por actos anticipados de campaña o desvío de recursos, por lo que deben priorizar el retirarse de la administración pública de forma inmediata, esto con el fin de evitar incurrir en faltas de acuerdo a la “Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Bardales señaló que cuando los servidores públicos expresan su intención de participar en las elecciones, deben ser cuidadosos y meticulosos en su proceder y actuar, ya que, aunque la ley no los obliga a renunciar en este momento, sí deben conducirse con apego a la norma, observando su desempeño de su empleo, cargo o comisión.
Los funcionarios con aspiraciones electorales deben estar apegados a los principios de legalidad, honradez e imparcialidad, para no caer en actos anticipados de campaña con el uso de recursos públicos que incluso pueden considerase desvíos y daños a la hacienda pública, dijo el contralor.
Los procesos electorales a nivel local dieron inicio este 5 de noviembre, con la apertura y cierre de inscripciones a contender por las candidaturas, ya existe una expresión con la inscripción y por lo tanto obligaciones.
Por ello el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico y en contraposición a las normas aplicables, para una campaña, caerá en un delito.
En las próximas elecciones los ciudadanos elegirán al próximo presidente y legislativos del congreso de la unión.
En esta primera etapa aquellas personas que aspiran al cargo podrán realizar actividades dirigidas a militantes y simpatizantes de los partidos políticos, pero sin el uso de recursos públicos o en horarios laborales, las y los inscritos ya cuentan con una serie de restricciones con el fin de no aventajar en el proceso electoral.
La más relevante es que si son funcionarios públicos no pueden hacer uso del recurso público para sus fines políticos.
Según el INE, las restricciones para la precampaña para una o un aspirante a cargo local queda prohibido, en primera estancia, hacer actos anticipados de campaña, que, de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial, son todas aquellas expresiones previo al inicio formal de las campañas electorales, que llevan a cabo los contendientes para obtener un beneficio, ya sea exponiendo sus ofertas o descartando a otras para reducir simpatía.
El órgano electoral también determinó como sancionables que las y los candidatos puedan incurrir en actos de calumnia o de violencia de género.
De igual manera, solicitar o recibir recursos, en dinero o especie, de personas no autorizadas.
Otra sanción que puede emitir el INE a las y los participantes de la contienda electoral es cuando no se presenta informe de gastos. Con relación a esto, las y los candidatos también podrán ser multados en caso de exceder el tope de gastos establecidos, que, según la ley electoral, consiste en el 20% de los registrados para la campaña.
El gobernador les expresó todo el éxito a los integrantes del gabinete y a todo servidor público quienes muestran interés en competir por un cargo de representación popular en las elecciones de 2024, Julio Menchaca Salazar los exhortó a cumplir con las leyes electorales y de responsabilidades y a que se trabaje siempre en beneficio del pueblo hidalguense.
De acuerdo con el Código Electoral de Hidalgo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Política, deben dejar un espacio de entre 60 y 90 días previos al proceso electoral, es decir, por ley tendrían que solicitar licencia o renunciar, dependiendo el caso, entre el 4 de marzo y el 4 de abril de 2024. Pero una cuestión en la fecha cuando deben renunciar y otra muy distinta son las obligaciones y responsabilidades con los recursos públicos para hacer actos anticipados de campaña o desvío de recursos públicos para fines personales.
En ese sentido, Bardales Ramírez, dijo que se tienen que ir los que aspiran a ocupar un cargo porque no se puede mezclar lo partidista con el gobierno.
“La realidad es que muy pronto se tienen que ir los que aspiran a ocupar un cargo porque no se puede mezclar lo partidista con el gobierno, muchos servidores públicos deben recordar que su trabajo es de 24 horas los 7 días de la semana y pueden ser denunciados, por ello es momento de ahuecar el ala” rápidamente sin pensarlo”.