Estado

Advierten a comités escolares sobre fraudes en programa La Escuela es Nuestra

Delegado de Bienestar en Hidalgo llama a vigilar a proveedores y recuerda que los padres administran y responden por los recursos.

Foto: Luis Soriano
29/04/2026 |15:29
Lourdes Naranjo
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Cuando los comités escolares adquieren el recurso del programa la Escuela es Nuestra, estos son responsables jurídica y administrativamente de su aplicación, por lo que deben tener cuidado con proveedores o contratistas para que no los engañen, advirtió Abraham Mendoza Zenteno, delegado de Bienestar en Hidalgo.

El funcionario federal encabezó el operativo de entrega de tarjetas del programa La Escuela es Nuestra en la región de Pachuca, donde se contemplan 107 planteles educativos, de los cuales 97 son de educación básica y 10 de media superior.

Advierten a comités escolares sobre fraudes en programa La Escuela es Nuestra | Foto: Luis Soriano

Recomendó a padres y madres de familia que integran los comités escolares de administración participativa que dialoguen entre sí, con la autoridad educativa de la escuela y con el resto de tutores para evitarse problemas, y que todo lo que hagan sea en consenso y conocimiento de toda la comunidad escolar.

También los exhortó a no dejarse influenciar por nadie que les quiera imponer proveedores o constructoras, y aclaró que ningún ente gubernamental ya sean gobiernos municipales, estatal o el gobierno federal les debe imponer dónde comprar o a quién contratar.

“Al entregarles este medio de cobro (tarjetas), ustedes tienen la administración de ese presupuesto, la responsabilidad jurídica, administrativa es de ustedes como comités, si los defrauda un proveedor, es el comité el que tiene que presentar la denuncia”, puntualizó.

Detalló que para este año se entregarán en Hidalgo cerca de 900 millones de pesos para distribuirlos en cerca de 3 mil escuelas de educación básica y media superior. El recurso les llegará se los depositarán en mayo.

Mendoza Zenteno calculó que en siete años que lleva el programa alrededor de 28 o 30 casos se han judicializado, debido a que el comité demandó a un proveedor o por alguna anomalía.

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