Adultos mayores callan despojo de sus tarjetas por miedo al abandono; al mes hasta 10 casos 

El despojo de tarjetas bancarias y de pensión es una de las formas de violencia patrimonial que ejercen familiares contra las personas adultas mayores en Hidalgo. El Instituto que atiende a esta población detectó en promedio hasta 10 casos al mes, aunque la mayoría no llega a denunciarse porque las víctimas temen quedarse sin quien los cuida.

Así lo dio a conocer la directora general del organismo, Penélope Apodaca Sinsel, quien explicó que, en muchos casos, son familiares o personas cercanas quienes retienen las tarjetas donde los adultos mayores reciben su pensión, jubilación o apoyos económicos, aprovechándose de que algunos ya no pueden trasladarse por sí mismos a realizar los cobros.

"Hay algunas personas mayores que no pueden desplazarse a cobrar su pensión y es una medida de presionarlos: 'yo te estoy cuidando, pero a cambio tengo la tarjeta y hago uso de sus recursos'", explicó.

Si bien, el Instituto brinda asesoría jurídica y orienta a las víctimas para acudir ya sea al Ministerio Público, la Defensoría Pública o los mecanismos de Justicia Alternativa, la mayoría decide no continuar con el proceso.

La razón, dijo Apodaca Sinsel, es el temor al abandono. "Les decimos que presenten la denuncia y en ese momento responden: '¿y después quién me va a cuidar?'. Es por ello que se desisten", señaló.

La funcionaria explicó que la dependencia únicamente tiene facultades para brindar asesoría y canalizar los casos a las instancias competentes.

Los casos detectados tienen un patrón similar, ya que algún familiar conserva la tarjeta bancaria con el argumento de ayudar al adulto mayor a cobrar su pensión, pero termina administrando o utilizando el dinero sin autorización.

Las tarjetas involucradas corresponden tanto a la Pensión para el Bienestar, como a cuentas de jubilación o cualquier otro tipo de apoyo económico.

La directora indicó que estas conductas pueden constituir delitos como abuso de confianza, robo o despojo, los cuales deben denunciarse ante el Ministerio Público.

Apodaca Sinsel precisó que algunos meses reciben apenas tres o cinco reportes y en otros hasta una decena de casos.

Además del despojo patrimonial, el Instituto recibe llamadas anónimas de vecinos que reportan posibles casos de abandono de las personas adultas mayores.

Cuando esto ocurre, personal del organismo realiza visitas domiciliarias acompañado por el Sistema DIF y elementos de Seguridad Pública, incluyendo la Policía Violeta.

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