La Cámara Minera de México (Camimex) expresó su preocupación ante las afectaciones que tendría dicha industria por la modificación de la redacción del Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales propuesta por la Cámara de Diputados, promovida por Morena.
La minería formal, responsable y regulada en México no vierte, ni pretende verter, desechos tóxicos en cauces o vasos y sus zonas federales o cuerpos de agua bajo ninguna circunstancia.
Los residuos derivados del proceso de beneficio de los minerales se gestionan mediante infraestructura especializada (depósitos de jales), diseñada conforme a la normatividad mexicana establecida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aprobada y supervisada con base en información técnica y alineada a los estándares internacionales más estrictos.
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La construcción de esta infraestructura, incluidos los depósitos de residuos mineros y las obras para el manejo de aguas residuales de uso minero, es esencial para operar de manera segura, transparente y ambientalmente responsable.
Su autorización no implica la realización de descargas en cuerpos de agua, sino el desarrollo de obras reguladas, estudiadas y supervisadas por la autoridad.
La redacción vigente considerada para el Artículo 118 prácticamente prohíbe que se construyan instalaciones mineras en gran parte del territorio nacional, especialmente en regiones montañosas donde están ubicadas la mayoría de las minas, lo cual afecta directamente la continuidad operativa de la minería y frena la producción de metales y minerales indispensables.
“Como cualquier país que tiene un importante potencial minero, México necesita una regulación sólida, basada en información y evidencia técnica, que garantice la protección a la población y del medio ambiente y, al mismo tiempo, permita que sectores esenciales para el país operen bajo las mejores prácticas como lo hacen nuestras empresas afiliadas”, dijo la Camimex.
Para la Cámara, esta prohibición absoluta carece de fundamento, afectando a más de tres millones de familias mexicanas que participan directa o indirectamente en la actividad minera y ponen en riesgo a la industria y la economía de México.
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Por eso, la industria minera considera indispensable que el Artículo 118 establezca con claridad que los residuos mineros se confinen de forma segura y no se viertan en ríos, lagos ni cuerpos de agua, ni pongan en riesgo la salud de las personas.
También que considere la compleja geografía del país, donde las prohibiciones previas resultan inviables para el sector y que de mantenerse arriesgan a que México se convierta en un país dependiente de la importación de minerales, en lugar de producirlos.
Además, piden que dicho artículo reconozca la necesidad de contar con autorizaciones y supervisión permanente de la infraestructura ubicada en zonas federales, la cual es fundamental para la operación minera y para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección ambiental.
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“Reiteramos nuestra disposición para seguir colaborando con el gobierno de México en la construcción de un marco regulatorio eficaz, sustentable y alineado con los objetivos nacionales”, añadió.
La minería responsable de México aporta minerales estratégicos y es un pilar para la economía, la competitividad y la seguridad nacional y de Norteamérica, concluyó.
La reforma a la Ley de Aguas la promueve el gobierno federal y el grupo parlamentario de Morena.
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